El tiempo de las ceremonias ha quedado atrás y a partir de ahora
se abre un nuevo período para las catorce personas que acaban de
entrar a formar parte del Gobierno de Francesc Antich que se
encargará de regir el destino de estas Islas durante los próximos
cuatro años.
A nadie se le escapa que no será una tarea fácil. Nuestra
Comunitat tiene una serie de asuntos pendientes de enorme
trascendencia para el futuro que este equipo tendrá que
resolver.
Sin embargo, ayer, en la primera reunión que mantuvo el nuevo
Ejecutivo sólo se acordó modificar la ley que impide a Antich crear
más de diez conselleries, cuando él ha previsto un total de doce.
Una decisión urgente para la organización interna del Govern, pero,
en una previsible línea de gestos, hubiese sido más apropiado que
el Ejecutivo adoptase alguna decisión de mayor calado político y de
más trascendencia para la ciudadanía.
Hay problemas urgentes que preocupan a los habitantes de esta
tierra y que perfilarán el futuro de Balears: el problema de la
eliminación de los residuos, la escasez de agua, la producción de
energia eléctrica, la tasa turística, la ordenación del territorio,
la protección del medio, la desaparición de la agricultura, la
sobredimensión del parque automovilístico, los salarios y
pensiones, tan bajos en comparación con otras comunidades ricas...
En fin, ante estos catorce hombres y mujeres se abre ahora un
panorama difícil, que constituye un auténtico reto y, de momento,
el president sólo se ha referido a dos cuestiones importantes: el
establecimiento de una tasa turística, tema que dejó aparcado para
dentro de unos meses; y la subida de las pensiones no retributivas,
de las que comentó que «esta cuestión compete más al Estado que a
las comunidades autónomas». Por ahora, un bagaje bien poco
consistente de cara a la ciudadanía.
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