La presión vecinal y la mediación de los agentes lograron este pasado viernes desalojar a los okupas de la vivienda de Sant Antoni. Este desalojo se produjo después de casi dos horas de protesta frente a la puerta del inmueble asaltado por los delincuentes, en la calle Bisbe Cardona de Sant Antoni. Finalmente, el okupa, de origen marroquí, abandonó el inmueble acompañado por la Guardia Civil. Lo hizo con la cara tapada mientras los vecinos concentrados frente a la vivienda okupada aplaudían el desalojo.
Reacción vecinal.
Sant Antoni mostró su solidaridad con el propietario del piso okupado en el municipio y adoptó una reacción social sin precedentes en Ibiza. No es bueno que la indignación social sea el instrumento que se utilice para resolver un problema, pero se ha llegado a un punto que lamentablemente es el último recurso para establecer el orden y el sentido común. Ante la imposibilidad de que jueces y policías pueden desokupar pisos asaltados por estos delincuentes que se instalan en propiedades ajenas, los ciudadanos han dicho basta. Y no hay que descartar que esta sea la solución que se pueda adoptar en casos similares que se produzcan en Ibiza a partir de ahora.
Leyes.
A pesar del problema que supone la okupación, el Congreso de los Diputados mantiene bloqueada la ley que garantizaría recuperar estos inmuebles por la vía rápida. Los socialistas, que controlan la Mesa del Congreso, están bloqueando una reforma legislativa cuya aplicación supondría restablecer el orden social ante un problema cada vez más extendido en España por unas leyes que protegen al delincuente y castigan la propiedad privada. Indigna escuchar mensajes de políticos como Angy Roselló, de Podemos, y Antonio Lorenzo, del PSOE, que para defender el derecho a una vivienda digna, como dice la Constitución, aceptan las okupaciones. Los ciudadanos deben saber que la izquierda protege a estos delincuentes que se instalan en viviendas ajenas y por ello bloquean la ley que permitiría cambiar una situación surrealista que no tiene precedentes en Europa. Por todo ello urge aprobar la ley contra las okupaciones y acabar con la protección legal de todos aquellos que no respetan la propiedad privada. Lo que ocurrió en Sant Antoni es un claro síntoma de que la sociedad se ha hartado. Ahora solo falta una respuesta política y, sobre todo, que sea urgente.
