El Gobierno central tiene intención de condonar 1.741 millones de euros de deuda del Govern balear tras el acuerdo alcanzado entre la vicepresidenta María Jesús Montero y las formaciones independentistas. El Ejecutivo central justifica que esta compensación se debe al sobreendeudamiento de las comunidades autónomas durante la crisis financiera de 2008. El reparto, que beneficia especialmente a Cataluña, se ha calculado en función de la población, pero Prohens ya ha dejado claro que no acepta los criterios impuestos por Montero. La presidenta balear reclama una reforma de la financiación autonómica.
Cálculos.
Según el Govern, Balears será la sexta comunidad con una mayor cifra de condonación por habitante, 1.551 euros. Está por debajo de Cataluña, que se beneficiará con una condonación de 2.284 euros por habitante. El Ejecutivo balear reclama que esta negociación debe realizarse en el marco del Consejo de Política Fiscal y no gracias a un pacto bilateral exclusivamente con las formaciones independentistas.
Deuda.
En total, el Gobierno propone condonar 83.252 millones de deuda a todas las comunidades. Realmente es difícil de explicar que una comunidad autónoma pueda renunciar a la condonación de parte de su deuda, como dice la vicepresidenta Montero, pero el fondo de la cuestión es cómo se han pactado estas cifras. Se trata de un pago de Sánchez a los votos de los independentistas a su investidura y que supone la marginación del resto de comunidades autónomas. Lo preocupante es que se alcancen estos pactos sin luz y taquígrafos, sin pactarlo con todas las comunidades autónomas. Además, es relevante destacar que la deuda no desaparecerá ya que será asumida por el Gobierno central y, por lo tanto, habrá que pagarla de alguna forma, bien con más impuestos o renunciando a determinados servicios estatales. A efectos prácticos los ciudadanos no se verán compensados mínimamente con esta quita de la deuda. Sin embargo, sí es posible que algunas comunidades autónomas aprovechen esta circunstancia para volver a endeudarse con la creación de entidades innecesarias y servicios innecesarios que no pueden ser asumidos por la administración. Hay precedentes muy preocupantes para pensar que determinadas comunidades volverán al endeudamiento exagerado y lo más denunciable es que se utilice una vara de medir para Cataluña y otra para el resto.
