La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un nuevo informe al Tribunal Supremo que acredita que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró todos los mensajes de su teléfono móvil el día que el juez abrió la investigación contra él por filtrar información sobre la pareja de Díaz Ayuso. García Ortiz optó por eliminar pruebas cuando tuvo constancia de que era investigado.

Disculpas

Hace varias semanas el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que todos los políticos y periodistas que habían acusado al fiscal general del Estado de borrar pruebas deberían pedir disculpas. En ese momento la UCO acababa de reconocer que no había encontrado mensajes de Ortiz, motivo por el cual Sánchez ya daba por hecho que la investigación se archivaría, que todo era un montaje. Sin embargo, la UCO ha confirmado que no se encontraron mensajes porque, sencillamente, habían sido borrados.

Dimisión

Ante los hechos investigados y confirmados por la UCO, no queda otra salida que la dimisión del fiscal general del Estado. No es posible que la misma persona que tiene que perseguir los delitos en España haya borrado pruebas contra él mismo que le implican en un supuesto delito de revelación de secretos. El asunto es muy grave porque la Justicia está siendo desprestigiada con este tipo de actuaciones y, sobre todo, por las injerencias del propio Gobierno, que sigue protegiendo a García Ortiz a pesar de que tiene muchos motivos para dimitir. En primer lugar, la Fiscalía no puede revelar secretos de ningún particular, por mucho que el objetivo principal del PSOE sea desalojar a Díaz Ayuso de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y lo segundo, no todo vale en política, y mucho menos utilizar al fiscal general del Estado para perseguir a un rival de otro partido. Por el bien de la imagen de la Justicia García Ortiz no debería seguir ni un día más en su cargo, pero cuando todo vale es difícil hacer gestos que dignifiquen la política de una vez por todas.