Es bastante probable que Gabriel Le Senne, presidente del Parlament y diputado de Vox, deba sentarse en el banquillo de los acusados para responder por un delito de odio. La decision del juez titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, que ayer dictó un auto en el que acordaba continuar las diligencias previas del procedimiento abreviado, responde al violento gesto que protagonizó la segunda autoridad de Balears el pasado mes de junio, cuando rasgó las fotografías de represaliadas por el franquismo durante una sesión plenaria. La acción de Le Senne dio la vuelta a España y provocó denuncias de diversos colectivos, entre ellos, Memòria de Mallorca y la asociación Estimada Aurora.
Intención de humillar.
El auto del juez Juan Manuel Sobrino, que considera que existen indicios de delito suficientes, puede ser recurrido ante el mismo Juzgado. La resolución del magistrado advierte que Le Senne actuó con una clara intención de humillar a las víctimas del franquismo y advierte que no puede obviarse que en ese momento se debatía en la Cámara una propuesta para derogar la ley de memoria. Cabe recordar que después de romper una fotografía de Aurora Picornell, icono de la lucha antifranquista, Le Senne -en otro gesto arbitrario- expulsó a las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa.
Dilema moral.
Iniciado el trámite para que Gabriel Le Senne sea juzgado, es evidente que el escenario ha adquirido una nueva dimensión. Pocas veces la imagen de una institución como el Parlament se había visto tan dañada, erosionada y arrastrada hasta un banquillo. Le Senne no dimitirá, entre otras cosas, porque nunca se ha arrepentido de lo que hizo en el hemiciclo. Su decisión de aferrarse a la silla crea un dilema moral en el Govern de Prohens, que también debe velar por la credibilidad de las instituciones.
