Uno de los aspectos más relevantes del auto de sobreseimiento del juez Rubén Ortega sobre la denuncia contra Vicent Marí es la parte referida a las acusaciones de coacciones y acoso laboral vertidas por la interventora del Consell, Marian Tur Díaz. El juez considera que no hay pruebas suficientes para sustentar esta acusación. Y lo ha hecho después de escuchar las grabaciones presentadas por la propia denunciante. Precisamente la acusación de la interventora era el aspecto que podía dar una cierta credibilidad a la denuncia contra Marí, pero el auto judicial ha sido contundente y deja en muy mal lugar a la alta funcionaria del Consell.
Presiones.
El juez constata que en las reuniones en las que coincidieron Marí y Tur no hubo ninguna presión contra la funcionaria y mucho menos se produjeron insultos o amenazas. También se desmonta la acusación de que el presidente del Consell retrasara de forma arbitraria el ascenso de Tur. La realidad es no cumplía los requisitos para acceder al cargo de interventora. Cuando lo consiguió asumió dicha plaza. Tampoco es cierto que Vicent Marí presionase a la entonces viceinterventora en relación a los contratos de ‘La vida islados’. Simplemente el presidente del Consell tuvo en cuenta otros argumentos para tomar la decisión fina. Es especialmente llamativo que Tur cuestionase dicho contrato y no otros que se realizaron de la misma forma. De hecho, solo la actual interventora cuestionó el contrato sobre el vídeo promocional.
Intereses ocultos.
Después de leer el auto judicial sobre la denuncia falsa de la interventora del Consell solo cabe preguntarse los auténticos motivos por los cuales Marian Tur inició esta cruzada sin sentido contra Vicent Marí. Sus pruebas eran endebles y precisamente la dejaban en ella en mal lugar. Porque no es lógico que una alta funcionaria se queje de la ansiedad de estrés con la aprobación de los primeros presupuestos y el propio juez haya tenido que recordar que es una situación lógica cuando hay más carga de trabajo. La actual interventora también debería explicar los motivos por los cuales solo cuestionó el contrato de ‘La vida islados’ y no otros realizados de la misma forma. Y, sobre todo, qué intereses la llevaron a participar en este montaje del PSOE para conseguir en los juzgados lo que no podían lograr en las urnas. Quizás Marí merezca algún tipo de explicación por parte de la interventora.
