Editorial17/03/24 0:30
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El Club Náutico Ibiza ha pedido a la Autoidad Portuaria de Baleares (APB) que tenga en cuenta los antecedentes penales del administrador de Puertos y Litorales Sostenibles, que fue condenado a 11 meses de prisión por falsedad en documento público y estafa procesal en grado de tentativa. Esta condena, según una nota de un prestigioso jurista, es un motivo suficiente para que la Autoritat Portuària rechace la oferta de Puertos y Litorales Sostenibles. El argumento, muy sólido, es que la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe la contratación de determinadas empresas o personas que hayan sido condenadas.

Un informe clave

El documento que han presentado los actuales gestores del Club Náutico Ibiza tiene una gran importancia desde el punto de vista jurídico porque la ley es muy clara respecto a aquellas personas condenadas que optan a concursos públicos. Pero lo que resulta fundamental en las actuales circunstancias políticas y sociales es evitar que la nueva etapa del Club Náutico Ibiza pudiese empezar bajo sospecha si finalmente se adjudicase el concurso al condenado Alberto Pedraza. Con este informe en la mano es previsible que los actuales gestores del Club Náutico iniciasen medidas legales en caso de que se optase por dar como ganador del concurso a Pedraza. Es un riesgo que convendría evitar a toda costa a la hora de adjudicar el concurso.

Tiempos convulsos

La coyuntura política actual, con varios casos de corrupción que acaban de estallar y que también afectan a Balears, obligan a actuar con prudencia. Y sería lo prudente por parte de la Autoritat Portuària tener muy en cuenta el informe jurídico de Manuel Ollé, que deja muy claro que una persona condenada por fraude no debería tener ningún vínculo con la administración, y no parece menor que Pedraza pudiese gestionar en el futuro unas instalaciones tan arraigadas en la sociedad ibicenca. Ibiza ya ha hablado claro que quiere que todo siga igual en el Club Náutico, que continúen al frente personas sin ningún interés económico, pero el informe de Ollé supone un paso más: el futuro de la entidad no debería quedar vinculado a un empresario cuya actuación en otros ámbitos no ha sido ni mucho menos ejemplar.