EditorialIbiza10/02/24 0:30
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La sentencia del Tribunal Supremo que anula el reglamento de Costas del año 2022 por omisión del trámite de consulta pública demuestra que el consenso y el diálogo es primordial en la reordenación de un aspecto tan sensible a nivel económico y social como es la costa. Y es que no todos los puntos costeros del país son iguales, algo que obvió el Gobierno al sacar adelante el real decreto de 2022, que podría haber afectado a unas 1.500 empresas de Ibiza y Formentera, además de a ciudadanos particulares. El documento impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez cambiaba las reglas del juego escudándose en el cambio climático, pero la realidad es que modificaba conceptos aprobados desde hacía muchísimos años como el sistema dunar o bien el silencio administrativo, que directamente pasaba a ser un ‘no'. Este cambio afectaba especialmente a las Pitiusas, en concreto a Formentera, y sus ciudadanos decidieron no quedarse callados, por lo que se constituyeron como plataforma y pelearon judicialmente la decisión unilateral del Ejecutivo central. En paralelo, tanto el Consell d'Eivissa como el de Formentera presentaron alegaciones y recursos por la vía contencioso-administrativa.

Satisfacción

Las reacciones a la decisión del Supremo no se han hecho esperar. La Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costas en Formentera reconoce sentir alivio y expresa que la sentencia es una lección de que no «puede gobernarse a la fuerza en cosas tan sensibles». En esta misma línea se expresa la plataforma de afectados en Ibiza, desde donde reclaman que Madrid escuche a las Pitiusas para respetar sus diferencias respecto a otros puntos costeros del país.

El futuro

Si bien esta sentencia es un golpe sobre la mesa a la manera de actuar del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la Cámara de Comercio de las Pitiusas advierte que la sentencia anula el decreto por una cuestión formal (no dar audiencia pública) y que no entra al fondo de la cuestión, razón por la cual el Ministerio de Transición Ecológica podría volver a iniciar los trámites para la aprobación de un nuevo decreto sin modificar su contenido. Ante esta posibilidad real, Ibiza y Formentera deben estar preparadas legalmente para seguir plantando cara a la manera despótica de gobernar de Pedro Sánchez.