Editorial18/12/23 0:31
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Un grupo de inquilinos del policía local de Palma que fue detenido por alquilar un total de 73 infraviviendas a –mayoritariamente– inmigrantes en situación irregular se ha rebelado y no quiere pagar los alquileres que les cobra y que llegan a los 700 euros. Se trata de un nuevo episodio en el caso de los trasteros y sótanos convertidos en minipisos, un asunto que clama al cielo por cuanto el principal implicado es funcionario municipal y, además, el Ajuntament hace más de catorce años que tiene conocimiento de las actividades oscuras del policía. El agente está ahora en libertad con cargos, a la espera de juicio, y sus inquilinos se quejan de que les ha doblado el alquiler sin motivo justificado. Él niega tal extremo. Es el penúltimo episodio de un asunto vergonzante que parece no tener fin.

Un auténtico escándalo.
Sea como fuere, no es de recibo que tantas familias vivan en unas condiciones insalubres tan lamentables y que desde las instituciones no se adopten medidas más contundentes. El drama de la crisis habitacional en Mallorca excluye a numerosas familias, que no encuentran un techo digno para vivir. Las autoridades deben velar por los derechos de los más desfavorecidos y, sobre todo, actuar con la máxima dureza cuando se confirma que están siendo explotados económicamente. No hay que olvidar que en esas infraviviendas viven menores de edad y ancianos enfermos.

Malestar en el cuartel.
El asunto ha causado malestar en el cuartel de San Fernando, donde trabaja el funcionario, ya que muchos de sus compañeros y mandos consideran que daña la imagen del cuerpo. Ayer mismo, cuando un equipo de este periódico cubría la noticia de la rebelión de los inquilinos, se descubrió que una de estas personas había muerto en su habitáculo de forma natural. En definitiva, no puede permitirse por más tiempo que los afectados vivan en condiciones indignas.