Editorial21/08/23 0:30
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EEl Govern de Marga Prohens se ha lanzado en picado a intentar resolver el problema más acuciante que atenaza a los habitantes de las Islas: el acceso a la vivienda. No es fácil ni existen atajos, por lo que seguramente, por más empeño que ponga su equipo, tardarán años en verse los resultados. Pero hay que actuar, desde luego, con valentía y determinación. Parece que es lo que pretende la nueva consellera del ramo, Marta Vidal, que plantea algunas medidas sensatas y casi de inmediata aplicación.

Reducir burocracia

Está en manos de la Administración facilitar las cosas a los agentes que serán capaces de aliviar el gran problema habitacional de Balears: los promotores. Ofrecer suelo público para construir es el primer mandato si queremos ver cómo se materializa el bien más escaso y deseado para miles de familias: pisos para la clase media. La idea de Vidal es edificar y dejar que las empresas promotoras alquilen las viviendas sin intervención institucional. La idea suena bien sobre el papel, pero con la Ley de Vivienda estatal en vigor es posible que pocos empresarios deseen asumir esa responsabilidad, dado el riesgo de impagos, la extrema protección del inquilino y la problemática okupa.

Cuestiones clave

Si bien ceder suelo público es imprescindible, la segunda parte del planteamiento es también necesaria: elevar la altura de los edificios residenciales, favorecer la conversión de locales comerciales en vivienda y permitir la segregación de pisos grandes en varios apartamentos. Todo ello puede contribuir a desatascar una situación enquistada desde hace años. Aun así, los bajos salarios, la inflación y la imparable subida de los tipos de interés son asuntos que no pueden pasarse por alto, pues suponen auténticas piedras en el camino hacia la normalización del sector inmobiliario, que a día de hoy parece servir solo al cliente de altísimo poder adquisitivo.