EditorialIbiza07/03/23 0:30
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La ministra de Justicia, Pilar Llop, afirmó que el traspaso de Justicia a Baleares «ahora mismo no es una cuestión que esté sobre la mesa». Para justificar esta decisión, que implica demorar la transferencia de esta competencia al Govern de la Comunidad Autónoma, sostiene que los traspasos deben hacerse «en momentos adecuados» y «teniendo claro cuál es el objetivo». Baleares sigue siendo una de las pocas autonomías, junto a las dos Castillas y Extremadura, a las que ha no se ha traspasado la gestión. Sí la tienen Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia. En este sentido, somos una autonomía de tercera con el incumplimiento de lo que prevé el Estatut. El 40 aniversario de la aprobación de la norma constituye un buen momento para reclamar la competencia y desarrollar las capacidades incluidas en la reforma del Estatut de 2007 antes de invocar nuevos cambios. El sentido común aconseja acometer y concluir todo lo que aún no se ha desarrollado ni llevado a cabo.

Reivindicación institucional y social

Baleares, empezando por las instituciones –el Govern y el Parlament, en primer lugar– y contando con la sociedad civil, debe reivindicar la competencia de Justicia y la mejora de la financiación porque las medidas fiscales del Régimen Fiscal de 2019 están topadas por la regla de minimis de la UE y seguimos a la cola en recursos. Seguimos siendo una de las autonomías peor financiadas por el incremento de la población, que impacta sobre los servicios públicos, y porque los sobrecostes de insularidad siguen sin estar compensados.

Falta de medios, recursos y edificios

La cuestión de fondo en la Administración de Justicia de Baleares es la falta de medios humanos, recursos e infraestructuras, como vienen denunciado reiteradamente jueces, fiscales y los profesionales –abogados y procuradores–. Esta es la primera cuestión a resolver antes de negociar y aceptar el traspaso.