Editorial

La necesidad y la excepción lingüística de los sanitarios

EditorialIbiza28/01/23 0:30

El personal sanitario, médicos y enfermeras, que contrate el Govern queda exento de la acreditación de su conocimiento de la lengua catalana; también oficial –junto con el castellano– en Balears. Esta posición, justificada en las dificultades de encontrar profesionales para cubrir las necesidades de la red pública en las Islas, ha generado polémica social y tensión entre los socios ecosoberanistas en el Govern. El marco jurídico aprobado en 2018 –que establecía dos años para que los sanitarios acreditasen los conocimientos mínimos de catalán–, un decreto anulado por el Tribunal Supremo, no ha sido rectificado y ahora se reactiva de nuevo el problema.

Un privilegio sin plazos.
Apelar a la buena voluntad, que con seguridad existe entre la inmensa mayoría del personal sanitario que trabaja en Balears, como manifiesta la presidenta del Govern, Francina Armengol, transmite la sensación de que ésta es una batalla que se da por perdida. El posibilismo se impone y arrasa con los derechos de cualquier ciudadano a expresarse en catalán ante un trabajador público, con independencia de su función. La falta de sanitarios y la competencia entre las propias comunidades por ‘ficharlos' está en el trasfondo de la liberación del requisito de conocimiento de la lengua catalana. En esta tesitura, la competencia lingüística sólo es contemplada como un mérito y no como un requisito; tal y como se exige al resto de trabajadores de la Administración autonómica.

El paciente, primero.
Compatibilizar la atención sanitaria y la defensa de los derechos lingüísticos de todos los pacientes es el complicado equilibrio que debe resolver el Govern, el cual se debe abordar con realismo pero también con determinación en la defensa de los derechos logrados. Es cuestión de aplicar las herramientas jurídicas correctas para que no haya ‘paraísos lingüísticos' en nuestra Comunitat Autònoma.