EditorialIbiza08/01/23 6:55
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El Consell de Govern aprobó el pasado 27 de diciembre, en plenas fechas navideñas, el Decreto ley 10/2022 de 27 de diciembre de medidas urgentes en materia urbanística, conocido popularmente ya como ‘decretazo' urbanístico por su impacto en el urbanismo de los ayuntamientos, que son las administraciones competentes en esta materia. Esta nueva norma califica como terrenos rústicos aquellos suelos urbanos no consolidados, que son aquellos a los que les falta algún elemento para ser considerados plenamente urbanos.

Impacto en Ibiza.

Este decreto afectaría en Ibiza únicamente a Sant Josep y Sant Antoni ya que Santa Eulària y Sant Joan tienen sus planeamientos urbanísticos actualizados, mientras que el Ejecutivo autonómico ha hecho una excepción con Vila, cuyo PGOU sigue sin estar aprobado y nada se sabe de él. De repente, un total de ocho unidades de actuación que cumplían los requisitos de urbanos no consolidados en Sant Josep han pasado a ser directamente terrenos rústicos. Todo ello por obra y gracia del Govern, sin tener en cuenta que el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell d'Eivissa ya estaban trabajando desde hace meses de forma consensuada en unas normas subsidiarias provisionales que contemplaban la ordenación de los terrenos urbanos no consolidados. A esto se suma, además, el hecho de que Vila haya quedado exento de esta normativa a través de una disposición transitoria. Sant Antoni, por su parte, confía en que no le afecte ya que aprobó por pleno en diciembre de 2021 tres modificaciones puntuales del PGOU para incluir la zona norte de sa Talaia, el Bosc d'en Frit y la bahía de Sant Antoni.

Sin diálogo ni consenso.

Este decreto es una muestra más de la forma de dirigir de este Govern, sin diálogo ni consenso previo y, en este caso, invadiendo competencias municipales muy importantes, como es el urbanismo. En este sentido, el Ejecutivo autonómico demuestra el desconocimiento de la realidad de Ibiza. El impacto es tal que los arquitectos ya han mostrado su decepción y alertan de que no debería hacerse urbanismo a través de decretos ya que se podrá crear un ‘efecto llamada' por la gran inseguridad jurídica que se ha generado. Ahora, el Consell y Sant Josep (y Sant Antoni, si finalmente se ve también afectado) deben mostrar la máxima cohesión y unidad para plantar cara al ‘decretazo' mallorquín.