La presidenta del Govern, Francina Armengol, presentó el martes, en el discurso que abría el debate parlamentario sobre el estado de la autonomía, un ambicioso plan de ayudas valorado en 200 millones de euros destinado, en buena medida, a contrarrestar los efectos de la inflación en el grueso de la población balear. Un repaso al paquete de propuestas revela el interés por proteger, un «escudo social», en palabras de la líder del Ejecutivo, para las clases populares de las Islas y lo hace, en esta ocasión, con el apoyo explícito de sus socios –Podemos y Més–; una circunstancia que adquiere un valor añadido cuando ya se ha entrado en el tramo final de la legislatura y suenan los tambores de campaña.
El fondo del problema
Armengol no ha caído en la tentación de convertir el debate de política general en un mero trámite, pero ahora solo falta que todas sus propuestas realmente lleguen a las personas necesitadas y no se limiten en un mero anuncio preelectoral. El hecho de que las elecciones autonómicas se celebren en mayo del próximo año, algo que ya recordó ayer el portavoz del PP, Antoni Costa, en la réplica al discurso de la presidenta del Govern ponen en cuestión muchas de las promesas de la presidenta.
Recursos limitados
Hasta el momento Francina Armengol ha huido del debate sobre la rebaja de impuestos en las autonomías, un tema que con seguridad le querrá plantear la oposición en la sesión de hoy. Más allá de los enfrentamientos coyunturales u oportunistas, nacidos al socaire de un ambiente electoralista ya muy cargado, ahora la clave y la prioridad pasa porque se concreten estas ayudas y se facilite el acceso por parte de la ciudadanía. Porque Armengol es consciente de que el actual clima social y económico no le favorece de cara a las próximas elecciones, como tan poco le beneficia la valoración que tienen los ciudadanos de Pedro Sánchez. Solo cabe esperar que las propuestas se concreten y no sean un mero anuncio para captar votos de cara a las próximas elecciones autonómicas.
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