EditorialIbiza03/08/22 3:59
TW0

El nuevo impuesto a las grandes empresas energéticas gravará con un 1,2 por ciento sus ventas y el de la banca aplicará un tipo del 4,8 por ciento sobre sus comisiones e intereses netos, según la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Son los nuevos gravámenes que anunció el presidente Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación. Estos nuevos impuestos, cuya aplicación se prevé con carácter temporal para el 2023 y 2024, no afectarán los beneficios, sino los ingresos de las compañías energéticas que superen los 1.000 millones de euros y en el caso de las entidades bancarias, los 800 millones de euros.

Escenarios estrictamente regulados

Estos pagos no podrán deducirse en el impuesto de sociedades ni tampoco repercutir a los clientes, lo que deberá vigilará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) –en colaboración, en el caso de la banca, con el Banco de España– y cuyo incumplimiento podrá suponer sanciones por el 150 por cien del importe repercutido.La Asociación Española de la Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros han advertido que estos nuevos impuestos obstaculizarán la recuperación económica y la creación de empleo. Al mismo tiempo, estos dos sectores –el eléctrico y el bancario– operan en unos escenarios muy regulados por las normas de la Administración que condicionan su funcionamiento en una economía de libre mercado.

Planteamiento global coherente   

La jurisprudencia determina que los beneficios empresariales no pueden ser sometidos a una doble imposición. Y como los mecanismos de la oferta y la demanda son los que acaban fijando los precios, no se comprende la prohibición de repercutir este aumento tributario sobre los consumidores. Si el Gobierno de Pedro Sánchez diseña estos impuestos como una parte del pacto de rentas es preciso implicar a todas las partes –empresarios y trabajadores– con un planteamiento global claro y más coherente.