El director general del IB-Salut, Juli Fuster, anunció este pasado viernes su decisión de abandonar el cargo tras conocerse la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJIB que condena al Govern por considerar que Fuster debía haberse abstenido de participar en una selección de funcionarios en la que participaba su hija. El proceso se inició a raíz de la denuncia de uno de los participantes, cuyo examen no se llegó a valorar. La salida del directivo del IB-Salut ha resultado sorprendente por su inmediatez, aunque algunos socios del Ejecutivo balear manifestaron desde el primer momento su incomodidad por este asunto.
Zanjar la polémica
Cabe destacar en esta ocasión la celeridad con la que el Govern ha querido cerrar un asunto inapelable, más teniendo en cuenta la contundencia del fallo judicial. Tratar de buscar justificaciones o explicaciones –que el propio Juli Fuster tiene previsto dar el próximo lunes– sólo hubiera prolongado una disputa política de escaso recorrido, aunque de enorme coste social. La firma de Juli Fuster al resolver las alegaciones presentadas a unas pruebas en las que participaba su hija fue un error que no debía haberse producido, aunque su renuncia al cargo es un ejercicio de coherencia que no abunda entre la clase dirigente del país.
La exigible ejemplaridad
Los políticos deben asumir –y todavía más cuando están al frente de la gestión institucional,– que los ciudadanos reclaman un plus de ejemplaridad en su labor; incluso más allá de las exigencias legales. En estos momentos hay un nivel de exigencia moral y ética en la sociedad que no puede ser obviado y que, en esta ocasión, el TSJIB ha puesto de manifiesto. La transparencia es un compromiso cada vez más presente por parte de los contribuyentes con respecto a la Administración, sea cual sea la faceta en la que se relacionen. En esta ocasión ha supuesto una dimisión.
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