Editorial09/06/22 3:59
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El Índice de Precios de Vivienda (IPV) del primer trimestre de 2022 ratifica que la compra de una vivienda en Baleares está quedando reservada a las rentas más altas. La variación anual del IPV coloca al Archipiélago como el territorio de España donde más crece el precio de la vivienda, con una subida del 12%. Tres puntos y medio por encima de la media nacional, situada en el 8,5%. Un liderazgo del que no podemos estar orgullosos, ya que, al margen de todo lo que tiene de burbuja e irrealidad, bloquea el acceso de futuras generaciones a una vivienda digna.

Avisos en los últimos meses

Los datos del IPV, sin embargo, no deberían sorprendernos. Son consecuencia de otras certezas reflejadas en informaciones de los últimos meses, como que Baleares es la comunidad donde más crece la compra de vivienda por extranjeros, o que la compraventa de inmuebles por parte de millonarios dispara los ingresos del Govern. Noticia que, a priori, han sido aplaudidas por la Administración autonómica. No obstante, su incidencia sobre la cotidianidad insular evidencia que esta escalada de precios deviene socialmente insostenible.

Acciones factibles

Baleares se convierte en una tierra para ricos en la que cada día crece la duda sobre si nuestros descendientes podrán en un futuro no lejano permitirse vivir en ella. Máxime en un economía de sueldos bajos e inflación galopante. ¿Qué puede hacer el Govern? Poca cosa, pero sí algo. Las leyes y el mercado impiden regular precios, intervenir en los marcos salariales de las empresas o limitar la compra de inmuebles por parte de capitalistas extranjeros. Sin embargo, puede liberar de cargas fiscales a la gente. Además de perseverar en las políticas de vivienda social, la eliminación de los impuestos sobre las herencias es, hoy por soy, la medida más factible para que las familias no se vean obligadas a vender las casas de sus padres y abuelos y procurar así un hogar para sus hijos.