Editorial15/05/22 3:59
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La necesidad de disponer de una nueva planta de depuración es acuciante para Ibiza, cuya planta actual está totalmente desbordada y se producen problemas medioambientales. Sin embargo, la clase política sigue utilizando esta demora para reavivar un debate político repartiendo responsabilidades que, lamentablemente, no resuelven el problema.

Historia de un fracaso

La nueva depuradora de Ibiza acumula años de retraso. Se empezó a hablar de la necesidad de una nueva planta depuradora en el año 2009 y ya entonces se anunció que las obras empezarían en 2010, algo que no ocurrió. Finalmente, las obras salieron a licitación en el año 2015 por un importe de 41,2 millones de euros. Fueron adjudicadas un año después por un importe de 24,3 millones de euros, un 40,9% menos de lo previsto inicialmente. Se informó de que el plazo de ejecución de la nueva depuradora sería de 33 meses. Los trabajos para construir la nueva depuradora empezaron en 2017 y, a finales de 2019, se paralizaron por la necesidad de cambiar el trazado de las tuberías que conectarán la actual depuradora con la nueva. Solventado este escollo, se retomaron los trabajos a finales del pasado mes de abril.

Armengol protege a Madrid

En este escenario, Francina Armengol ha optado de nuevo por echar balones fuera y no reconocer que el retraso es responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica y de nadie más. No puede Armengol venir a Ibiza y decir que el responsable es el Consell por un informe arqueológico que ya está terminado. También Ruiz evita dar la culpa al Gobierno de Sánchez por cuestiones partidistas y ha llegado al punto de responsabilizar de la situación al Ayuntamiento de Santa Eulària. Si Armengol y Ruiz presionasen ante el Ejecutivo central seguramente existirían más posibilidades de que las obras de la depuradora se acaben antes, pero optan por impulsar un debate político que no soluciona los problemas. Y así llevamos años y años.