El mercado inmobiliario en las Islas sigue reaccionando al alza y agrava el problema del acceso a la vivienda por parte de las capas más populares de la sociedad. Los precios de partida son cada vez más inasumibles por una combinación casi explosiva de factores: reducción de la oferta de suelo urbanizable, encarecimiento de los materiales, condiciones cada vez más severas de las entidades financieras para la concesión de créditos, las exigencias fiscales y la presión de los inversores extranjeros. Todo ello condiciona la compraventa de viviendas en Baleares, del cual sólo florece –y así parece que continuará este año– el segmento de la oferta de lujo.
Un problema social.
Las dificultades para la adquisición de una vivienda se sitúan entre las cuestiones más graves que deben afrontar los ciudadanos de las Islas. Es un tema que –a la vista está– lleva camino de cronificarse. Los evidentes esfuerzos de las administraciones durante los últimos años, que merecen ser reconocidos, no logran neutralizar la gravedad de la situación. Da la impresión de que se está entrando en un bucle del que es imposible salir y del que es la sociedad en su conjunto la que sale perjudicada. El escenario adverso no se circunscribe a las operaciones de compraventa; los precios de los alquileres también están en unos niveles inalcanzables para los salarios medios de nuestra Comunitat.
Una mesa de diálogo urgente.
En una coyuntura como la actual se hace imprescindible adoptar medidas que, sin violentar las leyes del libre mercado, logren reconducir el conflicto actual. Es preciso crear un punto de encuentro entre el Govern, los consells, los ayuntamientos –responsables de la planificación urbanística de sus municipios– y los promotores para adoptar medidas que permitan revertir la dinámica. Resulta evidente que las políticas actuales no están encaminadas a resolver la raíz de esta compleja situación.
