Las aportaciones de Baleares al fondo de solidaridad autonómico alcanza casi los 3.000 millones de euros durante la pasada década, una cifra más que respetable para una comunidad como la nuestra. El dato se ha conocido en el marco de los contactos que el Govern mantiene con los grupos en la oposición de cara a la confección de una propuesta propia de modelo de financiación, una ronda que se completará con contactos con la sociedad civil balear, para remitirla al Ministerio de Hacienda. De lo que no cabe duda es que el sistema vigente discrimina de manera negativa a las Islas, y así desde el primer día de su implantación.
Peores servicios públicos.
Desde Baleares nunca se ha cuestionado su aportación al conjunto del sistema para igualar las prestaciones en todas las comunidades, pero lo que resulta inadmisible es que se haya llegado a un punto en el que los servicios públicos sean de peor calidad que en el resto del Estado. No es casual el éxito de la sanidad privada o la enorme cantidad de vehículos privados en el Archipiélago, son la respuesta social ante la falta de respuesta de la Administración pública. Sin recursos suficientes es imposible atender las necesidades de una población con una tasa de crecimiento casi exponencial en los últimos años, una queja verbalizada por los representantes institucionales del Govern con independencia de su color político.
Igualdad de oportunidades.
Los problemas de las Islas son muy específicos y merecen un tratamiento personalizado en el futuro modelo de financiación. Los criterios actuales han acabando generando una situación de castigo, a las instituciones y a los ciudadanos. Balears ha dejado de ser el paradigma de riqueza, sus empresas tienen cada vez más dificultades para ser competitivas en los mercados exteriores. Es el momento de reclamar un modelo justo que no lastre el futuro de nuestra sociedad.
