El aval del TSJIB del decreto del Govern que exige a los sanitarios de las Islas el haber cumplido con las pautas de vacunación o, en caso contrario, la realización de pruebas semanales de PCR negativos para acceder a sus respectivos puestos de trabajo es, además de una norma pionera en el conjunto del Estado, una medida eficaz y aleccionadora en estos tiempos de pandemia. El mensaje que recibe la sociedad es clara en el sentido de apoyar, y confiar, en los beneficios que supone la vacunación; tal y como se está comprobando durante esta sexta ola de contagios. Además, como ocurre en otros países europeos, invita a la reflexión sobre la conveniencia de ampliar la aplicación a otros colectivos vinculados a servicios públicos esenciales.
Los contagios se extienden.
Desde la Conselleria de Salud ya se alerta sobre un incremento en el número casos de COVID a partir del próximo mes de enero si durante las próximas fiestas navideñas no se respetan las recomendaciones de prevención, la responsabilidad personal es la vía más directa para tratar de frenar el avance del virus, y en especial de la variante ómicron; mucho más contagiosa que las anteriores aunque menos severa en su afección. Apelar al comportamiento social abre una incógnita sobre su eficacia, teniendo en cuenta los precedentes, pero es la única vía posible en el contexto constitucional vigente.
Las vacunas, única opción posible.
La experiencia confirma que las vacunas son, por el momento, la fórmula más eficaz para frenar la incidencia de la COVID. La estrategia de ampliar las inoculaciones a los menores y extender la aplicación de la tercera dosis tendrán un indudable efecto beneficioso en pocos meses, pero sigue siendo imprescindible reducir la importante bolsa de ciudadanos que se niegan a ser vacunados o mantienen sus reticencias a la inmunización. La concienciación en esta materia no puede dar una tregua.
