Son una cifra irrelevante en el conjunto de profesionales de la docencia en Baleares, pero no deja de resultar grave que más de mil quinientos no hayan querido vacunarse contra la COVID. Una actitud tan irresponsable como ese más de medio millar de sanitarios que tampoco han querido cumplir con la pauta de vacunación. Ambos colectivos tienen una responsabilidad añadida, que va más allá de su libertad individual sobre si consideran oportuno o no protegerse contra el virus. Las tareas profesionales que realizan afectan a terceros, y en el caso de los profesores a grupos tan sensibles como el de los escolares.
Superar las controversias.
En las actuales circunstancias no caben decisiones que pueden acarrear graves consecuencias sociales, como es el facilitar la propagación de los contagios. Frente a la libertad de no vacunarse cabe la defensa de un bien colectivo como es el de la salud, razón de más para adoptar medidas que protegan a los alumnos frente a profesores que niegan a vacunarse. Del mismo modo que la población ha aceptado exhibir el pasaporte COVID para acceder al interior de un restaurante, no parece descabellado plantear una medida similar para los profesionales de la docencia; salvaguardando siempre la privacidad de los datos. Las asociaciones de padres y madres, sindicatos de enseñanza y los propios centros, así como los departamentos de Educación y Salud del Govern no pueden dar la espalda a esta preocupante situación.
Las aulas, un foco importante.
En esta nueva ola, todavía muy pendiente del impacto de la variante ómicron, tiene una incidencia muy especial en el mundo educativo. El inminente inicio de la campaña de vacunación de los menores de entre cinco y once años es una buena prueba de ello, cercar el virus es un objetivo de las autoridades sanitarias; por eso sorprende, por irreflexiva e irresponsable, la respuesta que tienen algunos docentes con este comportamiento tan poco ejemplar.
