Durante el pasado mes de septiembre el Indice de Precios al Consumo (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística fijó para Baleares un incremento del 4,2 por ciento, dos décimas más que la media estatal. Desde el año 2008 no se registraba en las Islas un alza tan importante, una cuestión que afecta de manera muy directa a la capacidad de gasto de las familias; circunstancia agravada en unos momentos como los actuales en el que los colectivos vulnerables no dejan de crecer. Las cotizaciones desorbitadas de la electricidad y los combustibles son los principales responsables de este mazazo económico.
Tormenta inflacionista.
La pérdida de poder adquisitivo que supone este aumento del IPC es un factor a tener en cuenta de cara a la evolución de la economía del país, y de manera muy especial en Baleares si se mantiene este liderazgo. Los convenios colectivos no contemplan, en términos globales, repercutir unas tasas inflacionarias tan elevadas como las actuales, desconocidas desde hace más de una década. Esta tormenta inflacionaria también rompe la estabilidad interna de la Unión Europea que, de mantenerse, se verá obligada a adoptar medidas que limiten su impacto en las economías de cada uno de sus estados miembros. Las previsiones prolongan todavía hasta el próximo año la volatilidad de los precios de productos básicos como la electricidad y los combustibles.
Correcciones urgentes.
Baleares, al igual que el resto de España, espera con urgencia que se materialicen las estrategias anunciadas, tanto en el plano fiscal como en el comercial, para contener los precios de la electricidad y los carburantes. Con las actuales tasas en el IPC no se puede obviar que el empobrecimiento de los consumidores se acelera. La acción individual del Gobierno, y conjunta de la Unión Europea, no puede demorarse por más tiempo para corregir esta situación.
