Ibiza13/10/21 3:59
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El programa de vacaciones del Imserso, cancelado desde marzo de 2020 por la pandemia, tenía que haber empezado a comercializarse a principios de septiembre para que los jubilados pudieran viajar a partir de octubre, pero el Instituto de Mayores y Servicios Sociales –adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030– aún no ha aprobado la adjudicación definitiva. «Tras la adjudicación provisional, quedan algunas semanas de trámites preceptivos de presentación de documentación de las adjudicatarias para la formalización de contratos», advierte el organismo que depende de la ministra Ione Belarra, de Podemos. La UTE Mundiplan –en la que participan Iberia, Alsa, IAG 7 y Gowall– ha sido propuesta para gestionar los viajes correspondientes a la costa peninsular e islas, mientras que la UTE Turismo Social, integrada por Viajes Barceló y Halcón Viajes, se encargaría del turismo interior y destinos europeos. Esta propuesta de adjudicación está ahora amenazada por la impugnación de Avoris Corporación Empresarial, que, de materializarse, demoraría aún más el arranque de la próxima campaña del Imserso.

«Decidir entre susto o muerte».
Baleares, que ha demostrado su iniciativa empresarial, necesita estímulos y recursos para reactivar su economía. El fondo estatal de 855 millones aprobado en marzo por el Gobierno central no ha respondido a las expectativas porque las ayudas llegan tarde, más de 4.000 pymes han cerrado; y de las 33.000 empresas que, según el Govern, iban a pedir esta aportación, sólo 11.939 han presentado peticiones. La misma incertidumbre se cierne sobre los fondos europeos del Plan Next Generation UE al desconocer aún el contenido del Baleares Next.

La llegada se aplaza a febrero.
El debate de política general de la Comunidad Autónoma, con el que empieza este curso político, es una magnífica oportunidad para que, desde el Parlament, se levante una voz unánime que denuncie la infrafinanciación del Govern. Es el momento de responder y recordar al Gobierno central que está obligado a pagar los costes de insularidad y que Baleares no es una autonomía desleal al haber demostrado con creces su noble solidaridad con el resto del Estado.