El desorbitado precio de la energía eléctrica, que este jueves vuelve a alcanzar otro récord, tiene un serio impacto en la cesta de la compra. El efecto cascada es imparable y las familias ya notan no sólo el aumento en la factura de la luz, también sus efectos colaterales sin que el Gobierno se comprometa a frenar esta escalada. Al contrario, la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, admitía el pasado lunes en el Congreso que las subidas continuarán hasta el final del ejercicio con una estimación del 25 por ciento. Como si se tratase del efecto de una piedra en un estanque, la inflación tendrá un repunte inevitable en una dinámica de la que Balears no es ni será una excepción.
Pasividad gubernamental.
Tratar de escudarse en la normativa comunitaria para justificar la sucesión de precios récord de la luz en nuestro país, como argumenta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una falacia. Muchos otros países de la UE mantienen el precio de la electricidad dentro de unos márgenes de contención, circunstancia que revela la situación anómala en la que se encuentra el sector con el vigente modelo de subasta. Hasta el momento, la única decisión del Gobierno ha sido rebajar, de manera coyuntural, el IVA eléctrico, del 21 al 10 por ciento. Pero es una medida de efecto menor teniendo en cuenta la magnitud del problema.
Efecto transversal.
Con una factura eléctrica desbocada no han tardado en conocerse sus consecuencias en el precio de numerosos productos y servicios, en especial aquellos que conforman la cesta de la compra y en la que figuran productos de primera necesidad. Todos los sectores se ven en la obligación de repercutir el aumento de costes, más –como es el caso de la electricidad– cuando se trata de un elemento determinante del precio final. Todo ello en un contexto de congelación salarial y con una crisis pendiente de resolver; un cóctel económico y social explosivo.
