La intervención de la concejala de Urbanismo, Elena López, en el Pleno del Ayuntamiento de Ibiza de este jueves, a raíz de la moción de control presentada por el PP sobre el puerto, fue decepcionante.
Dos de las cosas que quedaron acreditadas es que al gobierno municipal le incomoda sobremanera esta cuestión, lo que evidencia su corresponsabilidad con los hechos desvelados, y que no tiene la más mínima intención de aclarar las informaciones que Periódico de Ibiza y Formentera viene publicando en solitario desde el pasado 12 de abril.
Cada día es más elocuente el silencio de Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y Marina Ibiza, entidades que declinaron aportar su versión de los hechos cuando fueron consultadas previamente con tiempo suficiente para que pudieran hacerlo. La actitud del gobierno de Rafa Ruiz está siendo bochornosa y, lo que es peor, irrespetuosa con tics antidemocráticos, ya que los ciudadanos tienen derecho a saber, por boca de sus gobernantes, qué está pasando, por qué y cuáles serán los siguientes pasos.
En lugar de explicaciones y autocrítica, el gobierno de Rafa Ruiz lanzó, en cambio, cortinas de humo para ganar tiempo, deslizó insinuaciones de conspiraciones paranoicas, acusó a este medio, sin citarlo, de intereses alejados de informar a la opinión pública y a otros municipios, sin citarlos tampoco y, por lo tanto, cercenando el análisis de las similitudes de los hechos con el único objetivo de desviar la atención sobre los aspectos clave de la intervención municipal que es en realidad lo único que necesitaban escuchar los miembros de la Corporación.
El criterio municipal
López evitó responder a una pregunta clave formulada por el líder de la oposición, José Vicente Marí Bosó: «¿Cuál es el criterio del Ayuntamiento sobre la necesidad de licencias municipales de obras, instalaciones o actividades que no sean de carácter portuario y que se produzcan en el espacio portuario?»
Y no lo hizo por la sencilla razón de que su acción política, y también la de sus antecesores, quedaría en entredicho, ya que la respuesta es que el criterio técnico municipal es que son necesarias las licencias porque así lo dice el PGOU del año 87 y todas las sucesivas versiones y revisiones que han estado en vigor en algún momento. A nadie escapa que si el criterio fuera el contrario, López lo habría anunciado y defendido con ardor guerrero.
Mayor concreción.
Una de las contadas explicaciones que dio el Ayuntamiento este jueves es que hay 14 abiertos expedientes (de disciplina urbanística, término que López evitó pronunciar), dato que per se no permite extraer conclusión concluyente porque desconocemos las irregularidades que han motivado su apertura, los pormenores de la tramitación y la fecha en la que se abrieron.
La otra fue que el acuerdo de 2016 con Autoridad Portuaria de Baleares no fue firmado, tal como se había anunciado e incluso aseguró el entonces teniente de alcalde, Joan Ribas el martes. Siendo reprobable todo ello, lo peor es que López retó al Partido Popular, «vosotros que siempre defendéis a los empresarios», a que reclamara la clausura de los locales que han sido construidos sin licencia de obras y que operan sin licencia de actividad con el objetivo de buscar cómplices ante el anuncio de la inacción municipal ante la barra libre de irregularidades en el puerto, bajo el peregrino argumento de la pandemia: «No iremos (al puerto) por una falta de ordenación como si fuera un crimen a cerrar empresas y enviar a la gente a la calle con la que está cayendo», afirmación inaceptable de quien tiene la competencia de disciplina urbanística y que, obviamente, no merece tenerla.
Tras la negativa del gobierno de PSOE y Unidas Podemos de ayer, la responsabilidad de seguir reclamando explicaciones a través de los instrumentos de que dispone es de la oposición de PP y Cs.
