El inicio de la campaña electoral en Cataluña supone el inicio de un período que debe culminar el próximo 14-F, de cuyos resultados depende, en buena medida, la estabilidad política del país. Estos comicios se plantean, en especial desde el Gobierno, como una oportunidad de oro para resolver lo que se entiende como ‘conflicto catalán'. La candidatura del exministro Salvador Illa como cabeza de cartel del PSC pretende aprovechar el tirón que le otorgan las encuestas, aunque el último sondeo del Centre d'Estudis d'Opinió –organismo dependiente de la Generalitat– otorga una victoria del independentismo con un empate técnico entre ERC y JuntsxCat, mientras que relega a la tercera plaza a los socialistas.
Decisión judicial.
Las anomalías del 14-F se acumulan. Los jueces no han aceptado la desconvocatoria de las elecciones, cuyo proceso administrativo ya se había iniciado, a pesar de los pésimos datos que se registran en Cataluña a costa de la pandemia. Seguir adelante en esta cita con las urnas es una auténtica temeridad sanitaria que obliga a una campaña atípica, sin apenas contacto directo con los candidatos, y una jornada electoral que puede ser una bomba de propagación de contagios. Todo este sinsentido puede desmbocar en una tasa de abstención que restará legitimidad política a los resultados, sean los que sean.
Los políticos presos, en la calle.
Para enrarecer todavía más el ambiente, la Generalitat ha concedido el tercer grado a la práctica totalidad de los políticos encarcelados por el procés independentista catalán; muchos de los cuales también participarán en la campaña. En resumen, demasiados elementos que acaban distorsionando un compromiso con las urnas que enorme trascendencia para el futuro de Cataluña y el conjunto de España. Todo indica que el próximo 14-F seguirá dando que hablar más allá de esa fecha.
