El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló ayer de manera velada sobre una hoja de ruta pactada con la Jefatura del Estado para modernizar la institución monárquica en nuestro país. Es la reacción práctica desde la Casa Real a la comprometida situación en la que se encuentra tras conocerse las irregularidades fiscales del rey emérito, don Juan Carlos. Resulta evidente que los meros esbozos que se apuntan en la Constitución referidos a la Monarquía necesitan ser aclarados, en especial en todos aquellos aspectos ajenos a su función política. El futuro marco legal, que podría ser perfectamente mediante una ley, debe acotar el alcance de los privilegios del jefe del Estado.
Modernizar la institución.
Don Felipe ha dado pruebas de su clara voluntad de distanciarse de las prácticas de su padre en la esfera particular, no en balde ha renunciado a su herencia y le retiró la asignación económica que tenía con cargo a los presupuestos de la Casa Real. La inmunidad que se atribuye al Rey en la Constitución no puede ser un escudo para cualquier tipo de tropelías en la esfera de las actividades privadas, la sociedad española reclama, también al jefe del Estado, transparencia y ejemplaridad. Este compromiso no puede quedar al albur de una interpretación circunstancial o coyuntural, debe quedar plasmado de modo y manera que pueda ser reclamado en caso de incumplimiento.
Máxima celeridad.
Puede entenderse la discreción con la que el Gobierno y la Casa Real están abordando esta cuestión, a la que el principal partido en la oposición –el PP– está dispuesto a apoyarla, pero es urgente avanzar de manera decidida. La imagen de don Juan Carlos en los tiempos actuales debilita la Monarquía en nuestro país, por eso es más necesario que nunca acelerar las medidas que la protejan y ayuden a recuperar el prestigio perdido ante la sociedad; de lo contrario se acrecienta la incertidumbre ante el futuro.
