El cierre de empresas se está convirtiendo en un proceso inevitable ante la persistencia de la crisis, las medidas coyunturales resultan insuficientes para contener los efectos del deterioro que sufre la economía española. Así parece haberlo entendido el Gobierno, cuya vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ayer anunció en Barcelona ante un foro empresarial la inminente aprobación de un nuevo paquete de medidas de apoyo a las empresas y autónomos. En concreto, la ministra se refirió a las bonificaciones y ampliaciones de carencia y amortización de los créditos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), líneas de ayuda habilitadas para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
Evitar el desplome.
La propuesta del Gobierno tiene por objetivo evitar el derrumbe de la trama empresarial del país, consciente de que las previsiones iniciales de la recesión han fallado por completo. La previsión de una crisis profunda pero breve ha fallado de manera estrepitosa, sólo los cálculos más optimistas aventuran una recuperación a partir del primer trimestre de 2021; hasta entonces habrán pasado trece meses sin apenas actividad económica. Hasta entonces las reservas de empresas y consumidores habrán quedado agotadas.
Medidas complementarias.
La flexibilización de los créditos ICO es una fórmula necesaria, pero a todas luces insuficiente. El momento crítico en el que se encuentran miles de empresas requiere, sin duda, facilidades para el acceso a la liquidez; pero hace falta una estrategia global. Desde el Fondo Monetario Internacional ya se han advertido ciertas contradicciones en la política económica del Gobierno, como es el incremento de la presión fiscal en unos momentos como los actuales. Las ayudas sociales son indispensables, pero sin empresas resultará mucho más complicado salir de la crisis.
