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La situación en la que se encuentra la hostelería española como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia es insostenible. El caso de Baleares es mucho más grave por el determinante peso de la oferta turística de bares y restaurantes. La reducción de aforos y horarios de apertura junto con otras medidas de prevención tienen el lógico impacto en un sector que se ahoga. La situación es especialmente preocupante en la ciudad de Ibiza, cuya hostelería lleva sufriendo restricciones de aforos y horarios desde hace dos meses: primero en el barrio del Eixample, más tarde en toda la ciudad y desde principios de noviembre en toda la isla de Ibiza. El cierre de establecimientos es una constante diaria junto con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y del tejido social creado durante décadas.

Ayudas estatales.
En el conjunto del Estado se plantean peticiones empresariales por un importe global de 85.000 millones, un extremo que no se conoce en qué medida podrá ser atendido por el Gobierno. Todo indica que distintos departamentos ministeriales trabajan en la elaboración de un proyecto para frenar el deterioro de la hostelería, aunque no ha trascendido el alcance de este rescate imprescindible de un colectivo que tiene un importante peso en el conjunto de la economía española y balear.

Injusta estigmatización.
La queja de las patronales de hostelería se centra en el hecho de que la suya es una actividad especialmente castigada por las restricciones, aunque el cumplimiento de las normas está asumido por la inmensa mayoría de los profesionales del sector. Los bares y restaurantes están sometidos a unos protocolos muy estrictos en comparación con otros establecimientos o con otras áreas, como la movilidad en el transporte público. Es imprescindible que las administraciones empiecen a actuar y presten su apoyo económico a estos empresarios.