La decisión de congelar el sueldo de los trabajadores del Govern para este ejercicio, una medida que es muy probable que se amplíe para el ejercicio presupuestario del próximo año, se enmarca en la lógica de la gestión de una administración desbordada por los efectos de la crisis. La recesión económica en Baleares, la región más afectada del conjunto del Estado, obliga a replantear los discursos disponibles para atender a las necesidades que se generan en materia de asistencia social y, también de recursos sanitarios para hacer frente a los efectos de la pandemia de coronavirus.
Una coyuntura adversa.
Ante un escenario de desaparición masiva de empresas y destrucción de empleo, la congelación salarial de los empleados públicos se antoja como un mal menor en relación con la situación a la que deben hacer frente decenas de miles de trabajadores del sector privado que han visto recortados sus ingresos por la aplicación de un ERTE o, cada vez en mayor número, han pasado a engrosar las listas del paro. De momento, el anuncio del Govern no plantea medidas encaminadas a reducir las plantillas; al contrario, el compromiso es ampliar las dotaciones de personal docente y sanitario. La reacción de los sindicatos pondrá a prueba su capacidad de empatía con el conjunto de la masa laboral de las Islas.
Superar la adversidad.
No es la primera ocasión que los empleados públicos se ven afectados por los recortes, tanto por decisiones de ámbito estatal como autonómico; basta recordar las medidas que se aplicaron durante la última gran crisis. En estos momentos todo indica que, aunque es muy probable que el próximo año también resultará afectado de manera negativa, la recuperación será más rápida. Las razones de esta crisis, de alcance mundial, están muy identificadas; pero también cómo podrá remontarse con rapidez. Es cuestión de negociar y pactar as condiciones laborales de la futura etapa postcrisis.
