El titular del Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, reconoció ayer en sede parlamentaria que nunca existió el comité de expertos que asesoraba al Gobierno en el proceso de desescalada del estado de alarma; a lo sumo un grupo de técnicos que reportaban sus datos a Fernando Simón. Eso era todo, a pesar de que distintos ministros recurrieron a extrañas justificaciones para ocultar el nombre de unos expertos que, sencillamente, no existieron nunca. La revelación confirma que el pase de una a otra fase respondió a criterios políticos, de oportunidad y sin ningún tipo de aval científico suplementario; tal y como se quiso dar a entender a los ciudadanos.
Demasiadas falsedades.
La pésima gestión de la crisis generada por el coronavirus en España sitúa al Gobierno en una posición casi insólita respecto a muchos otros países europeos donde sí se ha logrado una unanimidad política, entre otras razones debido a la manifiesta opacidad con la que Sanidad, y el resto de departamentos, han trabajado. Durante el estado de alarma las cifras de fallecidos y contagiados eran un auténtico caos, por no citar la desbandada en la compra de material sanitario. Los mensajes contradictorios de Simón, junto con otros errores graves de comunicación, alimentaron una desconfianza que el tiempo ha confirmado.
Consecuencias políticas.
Las mentiras con las que ha trabajado el Gobierno no pueden quedar impunes. Pedro Sánchez ha alimentado una estrategia inaceptable en un país con una democracia avanzada. Producen sonrojo ahora los argumentos que se ofrecían desde el Gobierno para defender la labor de un grupo asesor del máximo nivel que, sencillamente, no existió nunca. La ciudadanía no puede permanecer impasible ante semejante tomadura de pelo, que obliga a sospechar de una estrategia que se sostiene en la mentira como eje principal. La transparencia es un término que al Gobierno ya no le interesa saber qué significa.
