La batalla contra los pisos turísticos

Consenso en Ibiza.
Salvo para los propietarios que obtienen pingües ingresos alquilando sus propiedades en el mercado turístico, existe un gran consenso social y empresarial en Ibiza sobre la necesidad de acabar con esta práctica que los hoteleros ven como una competencia desleal y una amenaza. No hay evidencias empíricas, no obstante, de que las prohibiciones al alquiler turístico acaben suponiendo una reducción en los precios de los alquileres, otro de los argumentos con el que se suele justificar la restricción.

Precinto de pisos.
El Partido Popular ha presentado en el Parlament la batería de medidas consensuadas en Ibiza y que Francina Armengol se negó a incluir en el decreto de medidas urgentes. Entre ellas, propone que el alquiler turístico sea considerado actividad económica. Este cambio legislativo permitiría el precinto de los pisos que se estuvieran alquilando turísticamente, de la misma manera que se precinta con facilidad un local que presta servicio de bar sin estar dado de alta. Estamos, pues, ante una reforma de calado que supondría un antes y un después en la lucha contra la oferta ilegal, una empresa que no se está demostrando nada fácil para la administración, a pesar de disponer de todos los instrumentos legales para ello.