El Consell d’Eivissa se ha visto obligado a modificar su estrategia legal para acabar con el alquiler de pisos y de otro tipo de viviendas en el mercado turístico. La legislación europea exime a las plataformas intermediarias, como Airbnb, de la obligación de verificar la legalidad de los alojamientos que promociona, lo que impide una actuación masiva y obliga a la administración a perseguir estas prácticas caso por caso. Para evitar colapsar a los servicios jurídicos, el Consell d’Eivissa está negociando, de forma acertada, con la plataforma para que retire los anuncios de las propiedades a las que el departamento de Turismo haya iniciado un expediente sancionador. Es una vía correcta para lograr que dichos pisos no se comercialicen vía turística y vuelvan al mercado residencial.
Editorial
La batalla contra los pisos turísticos
26/07/20 4:01
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