La madurez de investigar a don Juan Carlos

Contradicciones jurídicas.
La posición de la Mesa del Congreso de los Diputados, basada en el dictamen de sus propios servicios jurídicos, se contradice con el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Este organismo ha abierto una investigación sobre la supuestas comisiones que recibió el rey emérito, las cuales están siendo objeto de un seguimiento por parte de los fiscales suizos. Para la Fiscalía del Supremo, la inviolabilidad de don Juan Carlos cesó en el momento de su abdicación en favor de su hijo, el rey don Felipe. Hay, por tanto, interpretaciones jurídicas contrapuestas sobre el alcance temporal de la protección jurídica del jefe del Estado. Además, para la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, el Congreso sólo puede fiscalizar la acción del Gobierno y no otras instituciones del Estado.

En defensa propia.
La mediación de don Juan Carlos para que empresas españolas asuman la ejecución de grandes proyectos era conocida y valorada positivamente, pero nunca vinculada a comisiones irregulares como ocurre en el caso del AVE a La Meca y en otros casos de los que están informando algunos medios de comunicación, como la venta de unos terrenos en México. Aceptar que el exjefe del Estado haga pública su versión de lo ocurrido, como cualquier otro ciudadano, sería una demostración de la solidez del sistema democrático español. El Congreso perdió ayer una oportunidad para reforzar la credibilidad del vigente modelo de Estado.