El parón en la economía que ha provocado la pandemia está dejando un importante reguero de consecuencias, todas ellas negativas. A las cifras ya conocidas sobre el brutal incremento de las tasas de desempleo y cierre de empresas, también hay que añadir los efectos sobre las cuentas públicas. El Govern acusa de una manera dramática el descenso en la recaudación tributaria, en especial en aquellos impuestos más activos: tasa de juego, transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones. Sin actividad económica no hay recaudación y, por el momento, la caída es ya de 46,8 millones de euros.
Reformular los presupuestos.
El escenario económico de Balears ha dado un giro de 180 grados desde el pasado mes de marzo. El estado de alarma decretado en marzo y que sólo se levantará hasta el próximo 1 de julio de manera efectiva, con la apertura de las fronteras internacionales, ha supuesto cegar en la práctica cualquier opción a una actividad económica normalizada. Todas las inversiones se mantienen por inercia a la espera de que se despejen las incertidumbres de futuro, un escenario que se agrava por unas previsiones para la temporada turística que serán durísimas. No hay, por tanto, opciones para un cambio en la tendencia actual; al menos de manera significativa a corto o medio plazo.
Prestaciones sociales.
El replanteamiento presupuestario del Govern es inevitable. Se desploman los ingresos y el capítulo de gastos se dispara. Las partidas destinadas a la asistencia social deberán, necesariamente, incrementarse en los próximos meses; los efectos de la crisis –que ya notan muchas familias– no han alcanzado todavía su punto más devastador; el apoyo de las instituciones en estas circunstancias es inevitable. Balears debe evitar el colapso económico y social, como lo ha logrado en la crisis sanitaria. El escenario en 2021 cambiará, pero hasta entonces queda mucho tiempo por delante.
