Ingreso mínimo vital, una ayuda temporal

Una gestión cercana.
La coalición que integra el Gobierno progresista que preside Pedro Sánchez trata, desde el primer momento, de rentabilizar la aplicación de la renta mínima vital como un logro de la Administración central que gestiona. Sin embargo, las especiales características de esta prestación –no es incompatible con otras ayudas– debería obligar a la intervención de las comunidades autónomas; verdaderas conocedoras de la situación y necesidades de los eventuales beneficiarios. Apartar las autonomías del control y gestión supone propiciar la existencia de bolsas de fraude y descontrol, circunstancia siempre grave, pero todavía más en unos momentos como los actuales en los que las cuentas públicas tienen comprometido su equilibrio.

Máximo control.
La puesta en marcha de este tipo de subsidios corre el peligro de acabar cronificándose, alejándose de su motivación inicial para convertirse en un foco de picaresca insostenible para las finanzas públicas. El ingreso mínimo vital debería tener una duración prefijada, entre otras razones para no desincentivar la búsqueda de trabajo. Es preciso extremar el control y las exigencias sobre quién recibe y cómo se distribuye el dinero público, aunque sólo sea para evitar la tentación de hacer de su supresión un reclamo electoral.