El Consejo de Ministros aprobó ayer un importante paquete de medidas de carácter social para hacer frente a la epidemia de la COVID-19, todas ellas necesarias para evitar la fractura de amplios colectivos sobre los que la inevitable crisis económica que se avecina golpeará con más dureza. Paralización de los desahucios, prórroga de alquileres y moratoria en su abono, ayudas sociales para trabajadores sin subsidio de paro, acceso a microcréditos, ... Iniciativas que pretenden amortiguar, con recursos públicos, los efectos de un escenario adverso para los colectivos más vulnerables; incluso cuando se levante el estado de alarma.
Salvar a los autónomos.
El decreto aprobado por el Gobierno también incluye disposiciones que tratan de aliviar la presión sobre la principal trama empresarial de España, la que genera más puestos de trabajo y más contribuye con su fiscalidad al Estado. Las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social era una de las reclamaciones más urgentes de ambos colectivos, además de un acceso ágil a las ayudas crediticias anunciadas. Reactivar la economía precisa de la solidez de las empresas, por eso hay que evitar a toda costa su hundimiento; un argumento que cuesta mucho asimilar en determinados equipos gubernamentales.
Esmerar el control.
El enorme esfuerzo financiero que realiza el Estado español para atajar los efectos perjudiciales de esta crisis, cuya aplicación es inevitable, requiere, además, la adopción de controles que garanticen una correcta administración de los recursos públicos. No cabe, en estos momentos, relajar la vigilancia y, por supuesto, es exigible un plus de rigurosidad –que no es incompatible con la agilidad– en la administración de todas estas ayudas. Toda esta enorme factura pondrá a prueba la economía española, pero también el grado de solidaridad con la que es capaz de trabajar la Unión Europea.
