El diario El País ha revelado esta semana la compra en China de 659.000 test rápidos para la detección del coronavirus, una partida con un escasísimo nivel de fiabilidad –inferior al 30 por ciento– y que no contaba con todas las licencias para su comercialización. Fue la propia Embajada de China en España la que advirtió de que la operación del Ministerio de Sanidad no contaba con todos los avales científicos, extremo que al final fue admitido por el Gobierno. De hecho, los test tampoco habían superado el filtro del Instituto Carlos III. Y, a pesar de ello, llegaron a utilizarse en el personal sanitario.
Precipitación y rídiculo.
Es fácil entender la efervescencia en todo el mercado de productos sanitarios relacionados con el coronavirus, con una demanda disparada y unos centros de producción muy concentrados en China. Sin embargo, ello no puede ser una excusa para que el Gobierno adquiera material defectuoso o sin las imprescindibles homologaciones ante las protestas del personal de los hospitales y centros de salud. La precipitación con la que ha trabajado el Ministerio de Sanidad ha acabado en un ridículo, del que será preciso conocer a sus responsables directos y exigir responsabilidades. Las urgencias no lo pueden justificar todo.
Evitar las excusas.
Pretender escabullirse de este lamentable episodio derivando cualquier deficiencia a la empresa mediadora de la operación, que asegura que el material disponía de una licencia para su utilización en la Unión Europea, es inadmisible. El Ministerio de Sanidad no puede, y menos en estas especiales circunstancias, quebrar la imprescindible confianza entre el personal sanitario y, por supuesto, en los miles de pacientes que son atendidos a diario por el contagio de la COVID-19. En momentos como los actuales, la sociedad española demanda certezas y garantías. No parece que sea posible con este Gobierno desbordado por la crisis sanitaria.
