Es necesario regular las actividades privadas del Rey

45 años de impunidad.
El escándalo del rey emérito es mayúsculo. Hace sospechar que con este tipo de prácticas oscuras pudo amasar los 2.000 millones que le adjudicó la revista Forbes en 2018. Y pudo hacerlo porque gozaba de una inviolabilidad jamás cuestionada. Sus primigenias ‘relaciones' financieras con Manuel de Prado, Javier de la Rosa o Mario Conde nunca fueron investigadas. A partir de ahí vinieron sucesos tan extraños como el robo en la casa de la actriz Bárbara Rey o el ‘caso Nóos', que se llevó por delante a su yerno Iñaki Urdangarin. El regalo saudí es el último capítulo de esa carrera privada tan poco ejemplar, porque en el aspecto político todo deben ser elogios para don Juan Carlos.

El Rey en el ámbito privado.
Ha existido un pacto político de silencio a lo largo de 45 años. Los gobiernos de PSOE y PP siempre han mirado hacia otra dirección: nunca han querido saber –y menos investigar– sobre el rey emérito. Nadie duda de la honestidad de Felipe VI, pero lo cierto es que no existe ninguna normativa que limite las actuaciones del Jefe del Estado fuera de sus funciones institucionales. Y esta laguna en nuestro ordenamiento jurídico se debe corregir cuanto antes.