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El nuevo Gobierno de España acaba de iniciar su primera batalla política de la legislatura en tierras murcianas, donde Vox fue la fuerza política más votada en las elecciones de diciembre y donde ha impuesto el pin parental en las escuelas e institutos públicos. Ministros y portavoces del Gobierno progresista han salido a la carga contra este pin, un documento que los alumnos deben entregar firmado por sus progenitores para poder asistir a las actividades complementarias de sus centros. Con el pin, Vox persigue blindar a los menores contra el «adoctrinamiento en las aulas» sobre feminismo, violencia de género y promoción de los colectivos LGTBI. No es su guerra, pero el PP da apoyo a la propuesta de Vox porque le necesita para gobernar en Murcia, Madrid y Andalucía. El debate debilita y descoloca a Ciudadanos, a la espera de resolver el liderazgo de Inés Arrimadas. La polémica beneficia a PSOE y Podemos porque desvía la atención y quita el foco sobre la espinosa cuestión catalana.

Fracaso político.
Incapaces de llegar a acuerdos para definir cómo debe ser la educación en este siglo tan exigente en habilidades y conocimientos, los políticos parecen decididos a convertir en campos de batalla los centros de enseñanza, cuando son espacios de convivencia y tolerancia. Todos los partidos deberían revisar el artículo 27 de la Constitución, que tanto invocan: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». Es una afirmación que deberían aplicarse ellos mismos.

Falta de confianza.
El cumplimiento de ese artículo de la Constitución sólo es posible si las instituciones del Estado aportan seguridad al sistema educativo y confianza al profesorado. Y en esta España no sucede ni una cosa ni la otra.