La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Eivissa, Elena López, aseguró el pasado viernes que fue un error no aceptar la propuesta de convenio urbanístico que los propietarios de Cas Mut ofrecieron al Consistorio en 2015 y que devolvía los parámetros urbanísticos a los niveles del PGOU de 2009 anulado por el Tribunal Supremo, menores que el planeamiento de 1989 actualmente en vigor. La regidora, en lugar de rectificar lo que ella misma calificó de error, persiste en él y, en lugar de aceptar la oferta que le han vuelto a hacer los titulares de las parcelas del polígono, mantiene una suspensión de licencias por un año de dudosa efectividad.
Una zona urbanizada.
Casi un 70 % de la superficie del polígono esquiva la moratoria y no se verá afectada por las decisiones que se tomen en un futuro, ya que está desarrollada o en fase de construcción en estos momentos. La urbanización está lista, cuenta con los viales y todos los servicios, como demuestra que se estaban dando licencias de obra. Además, un 27 % de los metros cuadrados están edificados y otro 16 % ya cuenta con los permisos para hacerlo, según los cálculos de Ciudadanos que publica hoy este diario.
¿Cuál es el objetivo?
Ante esta realidad, es lógico preguntarse cuál es el objetivo que persigue el gobierno municipal en esta zona, ya que reducir la edificabilidad sin tener un planeamiento aprobado o incluso desclasificar las parcelas que faltan por desarrollar tendrá un beneficio medioambiental y paisajístico muy bajo que, en absoluto, compensará las indemnizaciones a las que tendrán derecho los propietarios. En el caso de que se tomen estas decisiones, las únicas que pueden justificar una paralización de licencias, en Cas Mut convivirán propietarios con parcelas con aprovechamientos más altos con otras vacías. Sobran las razones para pedir que se imponga el sentido común y que el Ayuntamiento rectifique no solo de palabra y acepte el convenio propuesto por los propietarios.
