La controvertida inhabilitación del presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, por parte de la Junta Electoral Central (JEC) –con siete votos a favor y seis votos particulares– eleva, todavía más, la tensión política a las puertas de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La JEC enmienda la decisión recurrida de la junta autonómica, que evitó pronunciarse hasta conocer la decisión del Tribunal Supremo presentado por Torra. Estamos, pues, ante una sentencia que todavía no es firme pero que permite la retirada del acta de diputado de Torra y por extensión la imposibilidad de que se mantenga en el cargo de máximo responsable de la Generalitat.
Consecuencias políticas.
La reiterada desobediencia de Torra a los requerimientos judiciales para que se retirasen los elementos de apoyo a los políticos presos en el procés en los edificios públicos durante los pasados comicios autonómicos, celebrados el 21 de diciembre de 2017, es el origen de este nuevo conflicto político que sacude las relaciones de las instituciones catalanas con el Estado. El presidente Torra siempre se ha mostrado partidario de la determinación en favor de la independencia de Catalunya, una actitud que le acarrea una inhabilitación con seguras ramificaciones en el reciente acuerdo del PSOE y ERC para la investidura de Sánchez cuyo trámite se inicia hoy mismo.
Elecciones adelantadas.
El acuerdo de la JEC fuerza el adelanto electoral en Catalunya, aunque sólo sea para prolongar la interinidad que se genera. El conflicto secesionista adquiere una nueva dimensión de impredecibles consecuencias, en especial para los dos principales actores políticos: Esquerra Republica y JuntsxCat. Los republicanos y antiguos convergentes mantenían estrategias diferenciadas en los últimos tiempos, pero el golpe a Quim Torra abre nuevas expectativas que en nada facilitan el sosiego institucional.
