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De las declaraciones de ayer de la presidenta del Govern y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, en presencia del futuro secretario general de la Federació Socialista d'Eivissa, Josep Marí Ribas Agustinet, se extrae que no tiene ninguna intención de rectificar el latrocinio perpetrado en el pasado mandato por ella misma y por Vicent Torres, quien aceptó que el Consell d'Eivissa cofinanciara inversiones propias de la Comunidad Autónoma, a pesar de no tener recursos para ello y del riesgo que suponía para las competencias propias. A pesar de admitir que la competencia en educación es del Govern y que la Escuela de Hostelería se trata de un proyecto muy necesario para el modelo de Ibiza y los trabajadores, Armengol considera que está justificada la financiación del Consell. Se basa en los pueriles argumentos de que la idea partió del propio Consell, de que está comprometido y de que el Consell d'Eivissa tiene la competencia en Ordenación Turística y en Promoción Turística.

Justificaciones que no se sostienen.
Estas justificaciones caen por su propio peso. Que el Consell d'Eivissa proponga actuaciones positivas para la isla no presupone, en absoluto, que deba cofinanciarlas y que gestione Ordenación y Promoción Turística no tiene nada que ver con la competencia educativa y con la formación de los trabajadores, ambas propias del Govern. Y que haya un compromiso firmado no quiere decir que no se pueda y deba rectificar el error de origen.

Primera tarea de ‘Agustinet'.
Si quiere convertirse en una alternativa política creíble al presidente Vicent Marí, la primera tarea de Agustinet es convencer al PSIB de que Ibiza debe dejar de ser maltratada por el Govern. Éste ha de asumir íntegramente y sin subterfugios la financiación de sus competencias. Si la Escuela de Hostelería es positiva para Ibiza, ha de ser financiada íntegramente por la Comunidad, al igual que la depuradora de Portinatx, el centro del Ibanat, la Escuela Oficial de Idiomas y otras tantas necesidades de los ibicencos, de la misma manera que hace con las inversiones en Mallorca y en Menorca, sin perjuicio de que todas las administraciones implicadas colaboren con lealtad institucional.