Más allá del documento que firmaron ayer los líderes del PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente, es preciso exigir a sus protagonistas que expliquen a los ciudadanos qué razones se han dado tras el 10-N para un acuerdo de cara a la formación de Gobierno. En apenas 48 horas se han vencido los egos y vanidades personales, los que obligaron a una convocatoria electoral tras la imposibilidad de tejer un entendimiento tras los comicios del pasado mes de abril. Más desconcertante resulta el hecho de que con los resultados electorales del domingo el mapa político español continúa siendo complejo, más si se tiene en cuenta el avance de la derecha más radical que encarna Vox y el desplome de Ciudadanos.
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La suma de PSOE y Unidas Podemos no garantiza la investidura de Sánchez, aunque no es menos cierto que la aproxima. Después de la escenificación del preacuerdo de ambos partidos queda todavía una ardua negociación en la que son necesarios, por activa o por pasiva, otros actores. Hay, todavía, incógnitas importantes sobre la implicación de las fuerzas nacionalistas e independentistas para apoyar el entendimiento de las dos formaciones; incluso la eventual abstención de la derecha. El objetivo es lograr un Gobierno para España. Cuestión distinta es si se alcanzará la deseada estabilidad institucional que se persigue con tantos actores.
Dentro de la Constitución.
El acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos, con independencia de sus compromisos en políticas progresistas en materia social, incluye dos salvedades importantes: cualquier solución al conflicto catalán no debe rebasar los límites de la Constitución y, por otra parte, el compromiso ante la Unión Europea de cumplir con las exigencias de control del gasto público. Ambas premisas son esenciales para la supervivencia de este pacto.
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