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Los Acords de Bellver, el documento programático suscrito por el PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos que fija los objetivos para la nueva legislatura 2019-2023, incluyen reducciones fiscales para los propietarios que pongan en alquiler sus viviendas en Balears a precios «accesibles y socialmente responsables». Quienes se acojan a esta iniciativa del Govern del Pacte, tal como recoge el «acord 2 de governabilitat», obtendrán bonificaciones en el tramo autonómico de la declaración de la Renta. Esta medida también beneficiará a los propietarios de pisos que fomenten los alquileres de larga duración. Se trata de una propuesta que ahora debe concretar la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, encargada de redactar el plan de choque para favorecer el acceso a la vivienda, que constituye la primera demanda social en Balears. El departamento que dirige el conseller Marc Pons dispone de seis meses para elaborar este plan, por lo que, en caso de ser aprobado en este plazo, empezaría a aplicarse a partir del 2020.

Bajo la lupa del Gobierno.
Esta medida que pretende desarrollar el segundo Govern Armengol se encuentra bajo la lupa del Gobierno de Pedro Sánchez, que en mayo confirmó a Bruselas la revisión de una batería de beneficios fiscales. Entre ellos, la bonificación por el alquiler de viviendas que se aplica en la declaración de la Renta. El Programa de Estabilidad 2019-2022 que remitió el Ejecutivo del PSOE a la Comisión Europea el 30 de abril anuncia la redefinición de trece beneficios fiscales. La reducción del alquiler de la vivienda genera hoy un impacto de 1.080 millones de euros.

Respuestas eficaces y legales.
Corresponde al Govern desarrollar una eficaz política en materia de vivienda, con instrumentos y actuaciones que den respuesta a la cada vez más acuciante demanda que se registra en el Archipiélago. Medidas como la reducción fiscal por los alquileres deben tener amparo legal y evitar desviarse del objetivo político anunciado.