14/03/19 4:01
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La ley balear de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada el pasado 12 de febrero por el Parlament, sigue suscitando reacciones. La prohibición de la entrada en las Islas de nuevos coches diésel en 2025, dentro de seis años, y de gasolina a partir de 2035, no ha dejado indiferente a nadie. Tras el recurso de la asociación de fabricantes de coches ANFAC, la advertencia del PP que derogará esta norma si recupera el Govern después del 26-M, y la solicitud para retirar el proyecto de ley remitida -un día antes de la votación en la Cámara autonómica- por el presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, ahora la Comisión Europea analizará el recurso de los fabricantes de automóviles. La cuestión fue planteada en Bruselas por la eurodiputada balear Rosa Estarás, quien reclama que se priorice el fundamento jurídico sobre el impulso político para que las normas autonómicas cumplan las directivas comunitarias.

Recelos y reticencias.
La ruta para la transición energética de Balears hacia las renovables que diseña la Ley de Cambio Climático de Balears constituye un éxito político del Govern del Pacte con gran repercusión. Rotativos como el «Washington Post» y el «New York Times» se han hecho eco de esta iniciativa, que al mismo tiempo provoca recelos y reticencias. El exministro Jordi Sevilla, que hoy preside Red Eléctrica de España, confirma que el diésel tiene los años contados, pero añade que la ley balear «es un poco excesiva» y que «ser pionero ha podido llevar a algunas cosas que estoy seguro que con el tiempo revisarán».

Seguridad jurídica.
La ley balear debe contar con plenas garantías. Ello implica la seguridad jurídica de que no vulnera directivas comunitarias, a las que España debe dar cumplimiento. El pronunciamiento de la Comisión Europea adquiere una enorme trascendencia para aclarar las dudas y desbloquear las medidas aprobadas.