Las declaraciones en sede judicial por el asunto del chiringuito de Cala Gració por parte del alcalde de Sant Antoni, Josep Tur ‘Cires’, y de la concejala de Urbanismo y Actividades, Cristina Ribas, de las que está dando cuenta en primicia Periódico de Ibiza y Formentera, son preocupantes. Tras la querella presentada por la empresa promotora de la instalación desmontable, que cuenta con la autorización de la Demarcación de Costas de Balears con los informes favorables del Ayuntamiento de Sant Antoni y del Govern de les Illes Balears, los dos ediles son investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa. Lejos de asumir ninguna responsabilidad en las trabas administrativas planteadas por el Consistorio, endosaron la culpa a un funcionario, el secretario municipal. Cristina Ribas llegó a acusarle de otorgar una «licencia mal dada», lo cual es una imputación muy atrevida ya que no consta que la concejala tránsfuga posea mayores conocimientos jurídicos que el secretario.
Editorial
Echar la culpa a los funcionarios
06/03/19 4:01
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