Echar la culpa a los funcionarios

Estrategia de defensa. Parece claro que la estrategia de defensa de ambos ediles pasa por responsabilizar a funcionarios de unas actuaciones que tuvieron un impulso político evidente, tras saltar a la luz pública que se iba a instalar un quiosco bar en un lugar donde nunca antes había habido uno, la punta de Cala Gració. Y que ello iba a suceder gracias al informe a favor que emitió el Consistorio portmanyí y que firmó el primer teniente de alcalde, Pablo Valdés, tras celebrar una junta de gobierno extraordinaria. Aquella actuación fue objeto de críticas y es lógico pensar que el equipo de gobierno tomó la determinación de frenar la actividad del chiringuito.

Una actuación arbitraria. Si Costas otorgó una concesión erróneamente, el Ayuntamiento debió solicitar la revisión del expediente y su revocación. Exigir a una empresa que monta una instalación de temporada completamente desmontable en base a los permisos pertinentes, que presente un certificado final de obra, cuando se sabe que no cuenta con licencia de obra porque no la necesita, es una forma arbitraria de impedir su actividad. Y si eso fue lo que sucedió, algo que determinará la investigación judicial, puede conllevar responsabilidades penales.