Las declaraciones en sede judicial por el asunto del chiringuito de Cala Gració por parte del alcalde de Sant Antoni, Josep Tur ‘Cires', y de la concejala de Urbanismo y Actividades, Cristina Ribas, de las que está dando cuenta en primicia Periódico de Ibiza y Formentera, son preocupantes. Tras la querella presentada por la empresa promotora de la instalación desmontable, que cuenta con la autorización de la Demarcación de Costas de Balears con los informes favorables del Ayuntamiento de Sant Antoni y del Govern de les Illes Balears, los dos ediles son investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa. Lejos de asumir ninguna responsabilidad en las trabas administrativas planteadas por el Consistorio, endosaron la culpa a un funcionario, el secretario municipal. Cristina Ribas llegó a acusarle de otorgar una «licencia mal dada», lo cual es una imputación muy atrevida ya que no consta que la concejala tránsfuga posea mayores conocimientos jurídicos que el secretario.
Estrategia de defensa. Parece claro que la estrategia de defensa de ambos ediles pasa por responsabilizar a funcionarios de unas actuaciones que tuvieron un impulso político evidente, tras saltar a la luz pública que se iba a instalar un quiosco bar en un lugar donde nunca antes había habido uno, la punta de Cala Gració. Y que ello iba a suceder gracias al informe a favor que emitió el Consistorio portmanyí y que firmó el primer teniente de alcalde, Pablo Valdés, tras celebrar una junta de gobierno extraordinaria. Aquella actuación fue objeto de críticas y es lógico pensar que el equipo de gobierno tomó la determinación de frenar la actividad del chiringuito.
Una actuación arbitraria. Si Costas otorgó una concesión erróneamente, el Ayuntamiento debió solicitar la revisión del expediente y su revocación. Exigir a una empresa que monta una instalación de temporada completamente desmontable en base a los permisos pertinentes, que presente un certificado final de obra, cuando se sabe que no cuenta con licencia de obra porque no la necesita, es una forma arbitraria de impedir su actividad. Y si eso fue lo que sucedió, algo que determinará la investigación judicial, puede conllevar responsabilidades penales.
