Más problemas judiciales para ‘Cires' y Valdés

Presunción de inocencia.

Sin prejuzgar en absoluto la presunción de inocencia que constitucionalmente a todos ampara, estamos ante un nuevo episodio de presuntas irregularidades que investiga la Justicia en el consistorio portmanyí durante esta legislatura. El caso más grave es el de la concejala de Governació, Aída Alcaraz, que será juzgada por un supuesto delito de acoso laboral contra el jefe de la Policía Local. Incumpliendo el código ético del PSOE y pese a la apertura de juicio oral, se mantiene en sus cargos aunque anunció que no volverá a ser candidata. También tuvieron que visitar los juzgados para declarar como investigados el alcalde Cires, Pablo Valdés y la edil de Urbanismo y Actividades, Cristina Ribas, por el asunto de la denegación de la licencia al chiringuito desmontable de Cala Gració, que contaba con la autorización de Costas y a la cual el consistorio no solo no se opuso, sino que informó a favor.

No repiten.

La sensación que muchos ciudadanos tienen en Sant Antoni es que el Ayuntamiento ha sido en demasiadas ocasiones protagonista de actuaciones erróneas y que ha habido un cierto desgobierno. Las visitas de los munícipes a los juzgados para declarar son un indicador bastante contundente. Y la ruptura del pacto tripartito tras el caso de transfuguismo de Cristina Ribas, la guinda del pastel. Que Cires no vuelva a presentarse es la lógica consecuencia de todo lo dicho. Al igual que la mayoría de ediles.