Los cambios introducidos mediante el procedimiento de decreto ley en el marco legal que regula los arrendamientos urbanos deja a Balears como una comunidad pionera. Será la única que podrá aplicar el incremento del 50 por ciento en el importe del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las viviendas vacías.
Una herramienta que los ayuntamientos podrán utilizar para forzar una salida al mercado del parque inmobiliario, todo con la intención de abaratar unos precios que la mayoría de los ciudadanos consideran inasumibles; tanto en régimen de alquiler como de compraventa.
Un castigo a la especulación
Aumentar un 50 por ciento a las casas vacías será posible porque Balears ya cuenta con una definición de los inmuebles en desuso, el resto de autonomías deberán trabajar en ello para poder hacer uso de la potestad que facilita la norma del Gobierno.
La intención del legislador siempre ha sido presionar a los grandes tenedores de viviendas –en especial las entidades financieras– para que agilicen su comercialización. La retención de estos inmuebles con fines especualtivos ahora puede salir más caro, cuestión distinta es que facilita un abaratamiento de los precios.
Impacto ilimitado
El aumento en el importe del IBI es probable que favorezca la liberación de pisos, pero no parece que acabe teniendo un efecto tan generalizado como se pretende. Sólo en Balears, una medida de estas características puede afectar a un parque amplísimo, 71.255 viviendas, según las cifras estimadas y facilitadas por el Govern.
Habrá que ver el grado de aceptación que tendrá entre los ayuntamientos de municipios pequeños la aplicación de una medida tan impopular, así como los resquicios legales de las grandes corporaciones para evitar la identificación de los pisos cerrados. Por tanto, a corto plazo, no parece que estemos ante la panacea contra el problema del encarecimiento de la vivienda.
