Los ciudadanos asisten con preocupación y perplejidad al constante goteo de mujeres que son víctimas de la violencia, en esta ocasión con una clara intencionalidad sexual, más cuando –como en el caso de Montoya– se dan unas circunstancias previas que se consideran desatendidas por parte del sistema penitenciario.
Agravar las penas, como reclaman algunos sectores, puede ser una solución, aunque no exenta de inconvenientes; hace falta aplicar nuevos protocolos antes de dejar en libertad a quienes no pueden garantizar su rehabilitación. Y para ello es preciso mejorar los medios actuales.
Polémica política
El caso de Laura Luelmo pone de manifiesto la falta de consenso político a la hora de abordar un evidente problema de nuestro sistema penitenciario. Antes de Montoya ha habido otros muchos reincidentes en todo tipo de delitos.
Y en la mayoría de estos episodios planea la sensación de que podrían haberse evitado. En esta ocasión, el asesino acababa de salir de la cárcel por un robo con violencia, pero antes había cumplido condena por la muerte de otra mujer. La indignación ciudadana está más que justificada, ampliada tras conocerse algunos detalles de la salvaje agresión.
Serenidad y determinación
Las cuestiones de este tipo debe distanciarse de la pugna política y ser abordadas con temple jurídico y clara voluntad de acabar con este tipo de execrables comportamientos. Los ciudadanos reclaman respuestas a los responsables de la gestión de un modelo penitenciario que da muestras de ineficacia: Laura Luelmo es la última víctima; al menos así debería ser. Lo que no es seguro es que el deseo vaya a convertirse en realidad. Por desgracia.
